LA TERCERA (CHILE) 08.03.2017
Los últimos tres años han sido cada uno por sí solo, el año más cálido de la historia registrada del planeta y nuestro país ha sido testigo de cómo el cambio climático impacta el bienestar de las personas y la economía de Chile. En 2015 tuvimos el aluvión de Atacama que arrasó con viviendas y afectó a la actividad minera; en 2016 las temperaturas anómalas del océano generaron un brote de algas que causó la pérdida de 12% de la producción anual de salmones. Después de 100 años rompimos el récord de temperatura para Santiago, un mes más tarde lo rompimos otra vez, en enero de 2017, siendo testigos de una temporada de incendios forestales sin precedentes, que quemó 597.000 hectáreas, 11 veces más que un periodo normal. El cambio climático hoy constituye una amenaza para el bienestar del país y no enfrentarlo es hipotecar el futuro de nuestros hijos. Por eso es tan relevante la entrada en vigor del Acuerdo de París. Nuestra ratificación fue depositada en la ONU en febrero, ahí nos sumamos a los países que le han puesto fecha de expiración a los combustibles fósiles, ya que para implementar el acuerdo es necesario que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero en la segunda mitad del siglo. Y ese fue nuestro compromiso ante la ONU: desacoplar nuestro crecimiento de las emisiones, de manera que al año 2030 las emisiones del país sean entre 30 a 45% menos, con respecto a nuestro PIB. Las predicciones de nuestra política climática se adelantaron mucho, ya que en la última licitación eléctrica se lograron precios que se proyectaban para 2030. Se logró una baja de 63% con respecto al 2013, impulsando en torno a 3 mil millones de dólares en inversiones ERNC, y con una energía licitada de 60% menos CO2 que la que se adjudicó en 2013. En este gobierno la capacidad instalada ERNC se ha quintuplicado. Desde 2014 a la fecha el 50% de la capacidad nueva del país es ERNC. En 2016, el 76% de la capacidad instalada del país fue ERNC. Lo que ha ocurrido no es casualidad. El gobierno hizo reformas para mejorar la competitividad de la energía ofertada, desagregando las ofertas ERNC de la energía convencional; hizo normas de emisión exigentes para las termoeléctricas, al mismo tiempo que introdujo instrumentos como el precio al carbono, que permiten que por primera vez se nivele la “cancha” en cuanto externalidades ambientales. El sector eléctrico ha sido un aporte importante a nuestra política climática y las centrales que antes contaminaban, hoy han reducido entre 80 a 90% sus emisiones de material particulado. El desafío que nos queda es en el transporte, que da cuenta de 28,9% de nuestras emisiones, tendencia que va al alza con los casi 300.000 vehículos nuevos que se suman cada año. El impuesto verde ha causado que los vehículos sean más eficientes, pero está claro que el transporte público es el camino. Para ello, Transportes, Medio Ambiente y Energía se encuentran trabajando en una estrategia de transporte sustentable, que busca sumar esa nueva electricidad cada vez más limpia en el transporte público. Tenemos dos caminos. Podemos ignorar el cambio climático y ser testigos año a año de cómo frena nuestro crecimiento o lo tomamos como una oportunidad de construir una sociedad más inclusiva y sustentable, con energía y transporte limpio. El mundo entero está trabajando por lo segundo: ese es el Acuerdo de París que ratificó Chile.
